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Archivo El Día
Las fiscalizaciones en terreno y denuncias de vecinos han permitido detectar que un 2,6% de viviendas con subsidios de la zona están deshabitadas, arrendadas u ocupadas por personas que no son las beneficiadas.

En la Región de Coquimbo, son miles las familias que no cuentan con una vivienda y sueñan con la casa propia, una realidad que se extrapola al resto de país. Por esta razón, los esfuerzos de las autoridades no solo han estado en otorgar soluciones habitacionales a través de subsidios, sino también en fiscalizar su buen uso.

En este contexto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Abel Espinoza, explicó que “nuestro foco está en mejorar la calidad de vida de las familias, a través de los programas habitacionales y proyectos urbanos”, y por consiguiente, impulsar la reactivación económica tan necesaria para la zona. 

De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU, el año pasado se entregaron en la región 10.962 subsidios, siendo 3.787 de Integración Social DS19, 960 de sectores medios, 3.517 de Mejoramiento (Programa Hogar Mejor), 618 DS49 familias vulnerables y 1.857 de arriendo.

En cuanto a los programas de clase media del DS1 para sectores medios y emergentes, la autoridad recordó que se abrirán las primeras postulaciones del presente año 2021 el próximo 19 de mayo (hasta el 31 del citado mes), con un proceso 100% online debido a la crisis sanitaria.

 

Fiscalizaciones

En esta materia, uno de los ejes centrales del Minvu tiene que ver con constatar que las personas beneficiadas con alguno de los programas habitacionales, haga buen uso de las viviendas adquiridas. Al respecto, Oscar Gutiérrez, director regional del SERVIU, recordó que el 2019 se puso en marcha un sistema de fiscalizaciones a través del programa “Te Caché”, replicado a nivel nacional.

“Nos propusimos como región fiscalizar el total de las casas entregadas en los últimos cinco años. Fueron un total de 2.110 casas de subsidio Básico Solidario, las cuales fueron controladas en su totalidad, habiendo denuncias de los propios vecinos, además de la unidad de fiscalización del ministerio que está permanentemente fiscalizando”, explicó Gutiérrez.

De acuerdo al director del SERVIU, en la primera visita que realizaron detectaron una alta tasa de viviendas con mal uso, eso quiere decir, que estaban arrendadas, deshabitadas o que no estaban siendo usadas por las personas beneficiadas.

“En la segunda fiscalización se notó el efecto disuasivo de estar haciendo las visitas y de hacer caso a las denuncias de muchos dirigentes. Tenemos un porcentaje de mal uso de viviendas del 2,6%. En algunas poblaciones llegamos a tener más del 20% de mal uso. Se ha desincentivado esta práctica, ha bajado, hicimos bastante difusión, por lo tanto, la comunidad entendió cuál era su deber, sus obligaciones y nos ha apoyado mucho”, destacó.

 

Plan en marcha

En tanto, el seremi del Minvu recordó que hace unas semanas se lanzó el Plan 10.000, que va en rescate de aquellas viviendas sociales mal utilizadas. “El objetivo es poder hacer buen uso de éstas y entregarlas a personas que lo requieran y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley”, enfatizó.

Si bien en la región el porcentaje de mal uso es de 2,6%, a nivel país alcanza un 7%. “Queremos fortalecer la recuperación de viviendas inhabitadas, una de las obligaciones que tienen las familias tras un beneficio del fondo solidario es habitar la vivienda al menos los primeros cinco años desde su entrega material, además se prohíbe la venta o sesión sin previa autorización del Serviu durante cinco años”, consignó Espinoza.

Además de las fiscalizaciones propias del organismo, parte importante de este plan recae en los vecinos, quienes pueden hacer la denuncia a través de internet en el sitio denuncia.minvu.cl, cuando se percatan de estas irregularidades, las que el año pasado ascendieron a 146 en la región.

 

Viviendas recuperadas

En consecuencia, el trabajo que se ha realizado en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, ha dejado como resultado la recuperación de nueve viviendas, seis de las cuales ya están escrituradas a nombre del Serviu, mientras que las restantes se encuentran en dicho proceso.

“Esto quiere decir que son casas quitadas judicialmente, después de pasar por los tribunales. Luego, son reasignadas a personas que no tuvieron la oportunidad de entrar en un concurso y que tienen una carencia altísima. Hemos fijado como prioridad a mujeres que sufren de violencia intrafamiliar en la asignación de estos inmuebles”, manifestó Óscar Gutiérrez.

Por su parte, Abel Espinoza llamó “a la comunidad y a los beneficiarios a hacer buen uso de las viviendas, porque cuando uno constituye un barrio pertenece también a la ciudad, entonces el aporte que hacemos como Ministerio es poder mejorar la calidad de vida de esas familias a través de la construcción de viviendas, pero también planificamos ciudades con la finalidad de que todas las obras urbanas y habitacionales entreguen un valor agregado y sean amigables para la comunidad”.

 

 

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