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El Día
Si bien el edil porteño repudió los hechos, calificó la situación como un caso aislado, aunque ya presentó todos los antecedentes al Ministerio Público. Los concejales esperan una investigación a fondo y mayor control.

Impacto generó entre toda la comunidad porteña y regional la denuncia que se conoció en el interior del Municipio de Coquimbo el miércoles por la noche y que involucró a una funcionaria -que ya dejó su cargo- luego de difundirse, por medio de un video, que fue captada pesando y dosificando droga en una báscula.

El hecho generó indignación y también sembró nuevas incógnitas, más allá de que la funcionaria en cuestión haya renunciado al cargo que desempeñaba en el Departamento de Seguridad Pública de la casa edilicia. Inevitablemente se trata de una situación que pone en alerta a las autoridades en torno a los mecanismos y relaciones que podrían haber entre drogas y el ámbito municipal, incluso desde antes de la actual administración.

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Cautela



Diario El Día conversó con el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien afirmó que “nosotros no vamos a aceptar ningún acto que tenga relación con el consumo y la venta de droga. En ese sentido, nuestra política será de tolerancia cero. Ya es de conocimiento público que aplicaremos un sumario administrativo, la funcionaria renunció y es el equipo jurídico el que estuvo trabajando para entregar todos los antecedentes ante el Ministerio Público, lo que ya se realizó el día de hoy (ayer)”.

Cabe destacar que, en efecto, estos antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Coquimbo, lo que fue ratificado por fuentes del ente persecutor. “Será el Ministerio Público que determine si es que acá hubo o no delito”, agregó el jefe comunal.

¿Test de drogas? 



Consultado por esta posibilidad, el alcalde Alí Manoucheheri indicó que en su caso personal no se opone a ser sometido a algún test de drogas. “Como actual alcalde de Coquimbo, y yo lo señalé durante mi período de campaña, estoy disponible para realizarme un examen si es necesario. Las autoridades debemos predicar con el ejemplo”, señaló.

Sin embargo, prefirió ser cauto y no jugarse completamente por esta opción, ya que espera contar con un consenso importante a la hora de tomar alguna determinación, por lo que es una opción en evaluación.

“Desde hace algunos días estamos realizando análisis con los equipos para así verificar los aspectos legales y lo que significaría para nosotros efectuar testeos, pero es parte de lo que nosotros estamos hoy día analizando en conjunto con los equipos”, aseguró el edil.

Por otra parte, Manouchehri manifestó que “mi voluntad es trabajar para que este tipo de situaciones no vuelvan a involucrar a más gente dentro del Municipio. Por lo mismo, estamos trabajando en una alianza con Senda para efectuar capacitación y concientización en todos nuestros funcionarios municipales”.

Sobre la manera en que se enteró de estos hechos, el edil afirmó que “nosotros nos enteramos a través de las redes sociales. Es lamentable la forma en que se visualiza, por supuesto que tomamos cartas sobre el asunto pero todo tiene su debido tiempo y los procesos hay que respetarlos. Tomamos cartas en el asunto desde el primer día de conocidos los hechos y ahí iniciamos el trámite administrativo que corresponde”.

Sobre si cuenta con información de que otros funcionarios estén involucrados en actividades ilícitas, el edil porteño indicó que “no, para nada. Nosotros contamos con la información de este hecho, que califico como aislado. La idea no es generar la sensación de que dentro del municipio hay droga ni nada por el estilo. Eso creo que hay que manejarlo siempre con responsabilidad, pero no tengo dudas de que estamos hablando de una situación puntual”, señaló el jefe comunal, quien insistió que se trata de una situación “heredada” desde la administración municipal anterior, de lo cual tomaron conocimiento “y que efectivamente se trata de un video de hace ocho meses. Sólo queremos que los procesos administrativos tengan su pronta resolución”, añadió.

Consultado si existen redes de microtráfico al interior del Municipio, Manouchehri indicó que “esa es tarea de la justicia. Por supuesto que nos pone en alerta, pero no tengo mayor información como para entregar o descartar completamente cualquier otra situación”.

Piden acciones más fuertes 



Los concejales, en general, fueron más resueltos y solicitaron acciones más concretas; por una parte para esclarecer lo ocurrido, saber si realmente hay más involucrados y abordar otra problemática: el presunto consumo de sustancias ilícitas entre funcionarios.

La concejala Sonia Elgueda, en conversación con nuestro medio indicó que “si es necesario realizarse un test, hay que hacerlo, no hay que dejar de someterse, pero una cosa es el consumo y otra es el tráfico. En conversación con otros concejales vamos a solicitar una reunión con el alcalde, porque esta es una situación impresentable. Yo soy médica y trabajo en un dispositivo de salud mental y laboro arduamente en el bienestar de estas personas”.

Asimismo acotó que “siempre está la presunción de inocencia de los funcionarios, aunque seguramente no es lo único. Todo se corta por el hilo más delgado y lo más probable es que exista otro tipo de organización y son formas de operar que es necesario desmantelar”.

En tanto, el concejal Freddy Bonilla, en diálogo con nuestro medio, señaló que “en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal de Coquimbo me permití solicitar más antecedentes, pero hay que entender que hay protocolos que cumplir. Ningún consumo de droga o estupefaciente implica que una persona sea automáticamente despedida, pero quien presente algún abuso de sustancias debe ser conminado a desarrollar un tratamiento. En cuanto a los test, estos podrían ser considerados como un acto discriminatorio. Por lo tanto, estamos llamados a aplicar un protocolo de la mejor manera posible, para que no hayan problemáticas altas de consumo dentro de la labor habitual de los funcionarios. Vamos a tener una comisión que deseamos cumpla con un rol importante”.  

El concejal Pablo Galleguillos, por su parte, señaló que hay que hacer “todo lo necesario para aclarar una situación que es lamentable, y que esperamos no se repita entre funcionarios públicos, jefes de servicio ni nadie relacionado a este mundo”.

El concejal Nelson Otazo, aseguró que “a priori se debe investigar esta situación por el delito de tráfico. Eso es lo más grave que podría suceder, por tanto creo que se deben hacer todos los esfuerzos por investigar. En cuanto al consumo, yo creo en la libertad de las personas, mientras el funcionario no incurra en descuidos o su trabajo no sea vea mermado por una dependencia excesiva a cualquier droga. Obviamente hay que tomar ciertas medidas, el test no es descartable, pero tenemos que entender el consumo como enfermedades, a lo que nadie está ajeno. Quizás hay casos en que debamos ayudar a los funcionarios respecto a lo que es consumo, por tanto, yo no satanizaría tanto esta situación mientras no altere en el desempeño de un trabajador. Pero sí, creo que en el tema del tráfico hay que ser drásticos”. 

El también concejal Camilo Ruiz admitió que “sospechamos que aquí también hay más personas involucradas. El video denota que había un espacio de confianza, pero hay que tener claro que en el marco de una nueva administración aparecerán muchas personas que acusan hechos para exculparse. Hay que investigar y aclarar si se trata de una red o de un acto habitual por parte de estos funcionarios”.

Para el concejal Guido Hernández este hecho denota el “fracaso de la ley 20.000 de control de drogas para perseguir sustancias duras, como se observa en el video en cuestión”.

Seguir los pasos correspondientes

Pablo Galleguillos, (de igual nombre que el concejal), que es asesor jurídico del alcalde Alí Manouchehri, indicó que “el edil está obligado por ley a denunciar hechos que puedan ser constitutivos de delito, por eso se remitieron todos los antecedentes ante Fiscalía. Respecto de la posibilidad de realizar un examen toxicológico, no es llegar y efectuarlo, porque hay aspectos jurídicos y financieros que se deben evaluar previamente, porque también está en debate lo que hacen o consumen las personas en su privacidad. En el caso de la funcionaria que renunció, acá involucra otros aspectos, porque estaba con indumentaria municipal, sobre todo de la Dirección de Seguridad Pública”. 

 

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