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En entrevista con diario El Día, la persecutora de Valparaíso indica que el caso aún se encuentra en etapa investigativa, por lo que a la fecha no existen antecedentes para realizar imputaciones.

Mientras la Comisión Investigadora del “Papaya Gate” prepara sus conclusiones finales para presentarlas al Ministerio Público, el caso sigue su curso en la Fiscalía con el fin de determinar eventuales responsabilidades penales.

Recapitulemos. El órgano persecutor lleva a cabo una investigación sobre un presunto fraude al fisco por $9.800 millones luego de que el Gobierno Regional adquiriera un terreno en San Ramón, eludiendo la Toma de Razón de Contraloría, para construir un centro deportivo.

Recordemos que los paños se adquirieron en compensación a la Municipalidad de La Serena, que había traspasado de manera gratuita un espacio para edificar el nuevo hospital de la capital regional.

El escándalo más grande en la historia de la administración pública de la Región de Coquimbo, que le costó el cargo a la exintendenta Lucía Pinto, sigue complicando al GORE, que ha debido cargar con una pesada mochila desde que estalló el caso.

Cabe mencionar que hace unas semanas, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal en contra de Lucía Pinto y dos exaltos funcionarios del Gobierno Regional: el exjefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza, y el exadministrador regional, José Cáceres. Además, del gerente de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta.

 

¿En qué está la investigación?

A casi un año de que salieran a la luz pública los antecedentes de la cuestionada transacción, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich se refiere por primera vez a las indagatorias en torno al “Papaya Gate”, en conversación exclusiva con diario El Día.

Respecto al estado de la investigación por fraude al fisco, la persecutora declaró que “se encuentra vigente, en etapa investigativa y con diligencias en curso”, lo que considera la toma de declaraciones a los principales involucrados. 

A medida que avanzaba la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo ayudar en el esclarecimiento de los hechos, se acrecentaban las dudas respecto a los avances de las indagatorias.

En este sentido, Perivancich reconoce que se mantuvieron atentos a la instancia parlamentaria, “sin perjuicio de que sus objetivos en la materia son diversos a los que corresponden a la persecución penal”.

Pese a que fueron citados con el fin de conocer detalles de lo realizado por la Fiscalía de Valparaíso, declinaron participar en dicha Comisión. ¿La razón? La perseguidora explica que “no podemos compartir el contenido de la indagación penal, de acuerdo a la obligación de reserva establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal”.

 

No hay formalizados

Al ser consultada por imputados en el caso que remeció a la esfera política de la zona, la fiscal Claudia Perivancich aclara que a la fecha “la investigación permanece desformalizada”, argumentando que “en cuanto se estime por parte de la Fiscalía que existen antecedentes para fundar imputación penal en contra de una o más personas, se podrá avanzar hacia una audiencia de formalización”.

En síntesis, a 11 meses de que se conociera la cuestionada compra de predios por parte del Gobierno Regional, el órgano persecutor aún no cuenta con antecedentes concretos para formalizar a los involucrados, quienes presuntamente habrían provocado un daño a las arcas fiscales.  

 

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