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Lautaro Carmona
Tras ocho años de tramitación, el proyecto espera por una nueva definición de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. La instancia estará integrada por el representante del Presidente en la zona, junto a diez seremis y la directora del SEIA. Si el intendente no los cita antes del 14 de julio, será el delegado presidencial quien encabece la Coeva.

Luego de que el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogiera, el pasado mes de abril, de forma unánime la reclamación en favor del proyecto minero Dominga, de propiedad de Andes Iron, han comenzado una serie de manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa ubicada en La Higuera.

Esto porque, según el fallo, implica que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo deberá realizar una nueva votación sobre el proyecto que considera una inversión de US$2.500 millones.

Recordemos que en el año 2017 tanto la Coeva como el Comité de Ministros rechazaron la iniciativa, situación que ha derivado en una larga pugna judicial.

La decisión vuelve a estar en manos de la Coeva de Coquimbo, esta vez con nuevos nombres. En la votación anterior se produjo un empate a 6, teniendo que dirimir el entonces intendente, Claudio Ibáñez, quien le bajó el pulgar al proyecto.

Tras la decisión del Primer Tribunal Ambiental han comenzado una serie de presiones, por parte de agrupaciones a favor del proyecto encabezados por el edil de La Higuera, Yerko Galleguillos, hacia el actual intendente Pablo Herman para que a la brevedad convoque al organismo y se defina finalmente el futuro de Dominga.

Esta presión por los plazos se debería al considerable tiempo que se ha arrastrado una resolución sobre el proyecto y a que siendo un gobierno de derecha, las autoridades que deberán votar en la instancia en la actualidad serían más afines a la iniciativa, ya que en la eventualidad de que llegase otra administración, se generaría aún más incertidumbre.

¿Pero quiénes integran esta Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo? La Ley 19.300 en su Artículo 86, indica que los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Intendente e integrada por los secretarios regionales ministeriales (seremis) del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación, y el director regional del Servicio Medioambiental, quien actuará como secretario.

En este contexto, la Contraloría determinó hace unos días que sería el delegado presidencial como representante del Presidente de la República, y no el gobernador regional quien reemplace a la figura del intendente y lidere la instancia. Situación que causó la molestia de la nueva autoridad, Krist Naranjo, quien recalcó que era una de las facultades que estaban solicitando.

Entonces, si no se cita a la instancia antes del 14 de julio y de mantenerse, salvo alguna sorpresa, como delegado presidencial Pablo Herman, este debería encabezar la comisión que determine el futuro del proyecto ubicado en La Higuera.

Al respecto, Herman ha sostenido que “nuestro deber será, en el momento que corresponda, evaluar el proyecto siguiendo todos los criterios técnicos, científicos, de transparencia y ajustado a derecho, tal como lo exige el proceso para todos los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental”.

Integrantes COEVA

Al delegado presidencial se sumarán diez seremis y la directora regional del SEIA.

Es decir, la instancia estaría integrada por Giannina González, quien se encuentra subrogando en la Seremi de Medio Ambiente; Alejandro García, seremi de Salud; Carlos Lillo (Economía); Alvaro Herrera (Energía); Pedro Rojas (Obras Públicas); Rodrigo Órdenes(Agricultura); Abel Espinoza(Vivienda y Urbanismo); Juan Fuentes (Transportes); Emilio Lazo (Minería); Marcelo Telias (Desarrollo Social) ; y Claudia Martínez, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental.

En las manos de estas 12 autoridades estaría el futuro del anhelado y cuestionado proyecto minero que ha demorado más de 8 años en tener una resolución, luego de ser presentado a tramitación medioambiental en 2013.

Consultados por El Día algunos de los seremis que deberían integrar la Coeva manifestaron que no emitirán declaraciones sobre el tema hasta que no se realice la votación y afirmaron que desconocen cuándo se realizaría dicha citación, por lo que están a la espera de la determinación del intendente Pablo Herman.

 

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