Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Preparan un proyecto que esperan presentar al alcalde electo. La intención es encontrar un nuevo espacio, establecerse, desmarcarse de ilegales y facilitar las fiscalizaciones. Quienes no tienen permisos, pero “trabajan de forma honrada”, han sido incluidos.

Los vendedores ambulantes de Coquimbo, que se encuentran agrupados en dos sindicatos, han manifestado su voluntad de abandonar las calles del centro de la ciudad y trabajan en un proyecto que pretenden socializar con el nuevo alcalde, Alí Manouchehri, y así evitar situaciones como las que se viven en La Serena.

De acuerdo a lo planteado por los vendedores ambulantes de la comuna porteña, muchos de ellos tienen permisos para funcionar en Aldunate y lo hacen bajo las reglas establecidas, pero también hay algunos que por la necesidad de mantener a sus familias se han visto en la necesidad de salir a la calle a vender productos para sobrevivir y no cuentan con todas las autorizaciones. Ante esto, se han organizado y buscan poder emigrar de la principal calle de la ciudad, lo que permitiría, de paso, aislar a quienes funcionan al margen de toda norma y no tienen las mismas necesidades.

El concejal Guido Hernández ha estado apoyando a estos comerciantes y sostiene que realizan un trabajo serio.

Explica que se trata de una propuesta en que participan ambulantes con permisos de funcionamiento y otros informales, cuyo anhelo es dignificar su trabajo a través de un proyecto que les permita ejercer su actividad comercial cumpliendo todas las regulaciones legales establecidas. “Ellos quieren ser parte de la solución, no quieren ser parte del problema. Quieren evitarle al nuevo alcalde llegar a la lógica de las patadas y los combos, como ha estado ocurriendo en La Serena”, señala Hernández, quien profundiza y explica la iniciativa, indicando que proponen firmar un acuerdo de tolerancia cero con el comercio ambulante, que se materializa en tres etapas que permitan una solución definitiva.

La idea es que puedan instalarse en un lugar definido, con mádulos donde puedan trabajar de forma digna, quedar ordenados y que se fiscalice con rigurosidad para eliminar el comercio ilegal de las calles.

El concejal Hernández destaca que con este proyecto se puede visualizar a interlocutores válidos, ya que también “hay grupos organizados que están operando en el centro, verdaderas bandas camufladas dentro de esta necesidad y se disfrazan de ambulantes. Estos grupos que ejercen el poder y la violencia no están considerados entre estos ambulantes que cuentan con permisos y otro grupo de vecinos que por necesidad han llegado a vender al centro”.

 

Mejorar las condiciones

Cristina Benítes, una de las dirigentas de los vendedores ambulantes, señala que lo que buscan es poder mejorar las condiciones en que trabajan a diario, puesto que son muchos los que llevan años ejerciendo en el centro de Coquimbo con permisos municipales que pagan como corresponde, sin embargo, quieren diferenciarse de quienes no cumplen ninguna norma y se escudan bajo la misma nominación de ambulantes.

Explica que hay algunos que no tienen autorización, pero que se trata de gente honrada y que se encuentra trabajando así por necesidad, por lo tanto, han sido incluidos en el proyecto.

“Nosotros somos comerciantes ambulantes establecidos (en la calle) y llevamos bastante tiempo bajo estas condiciones. Estamos trabajando para tener un lugar más digno donde realizar esto y queremos marcar la diferencia entre los que están ilegales y los que realmente pagan sus permisos”, indica.

Añade que están autorizados por el municipio para funcionar en la calle y que la gran mayoría lleva más de diez años en esa condición, trabajando con mesas y toldos, pero aspiran a contar con módulos y un lugar específico, lo que ayudará a erradicar el comercio ilegal del centro de la ciudad.

Creen que de materializarse el proyecto, en un año estarían funcionando en un lugar definido.

Los ejes del proyecto son tres: primero, “tolerancia cero” con el comercio ambulante informal. El segundo es el desarrollo y diseño del proyecto y reubicación. Mientras que el tercero es la fiscalización.

La idea es poder presentarlo ante la nueva autoridad comunal y buscar una salida conjunta, manifiestan.

 

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