El necesario cambio de enfoque para hacer efectiva la reinserción social juvenil

Las autoridades pasan, pero los procesos siguen su curso. Tras el cambio de mando, una de las primeras actividades oficiales del recién asumido Presidente Sebastián Piñera fue anunciar “drásticos cambios” en el Servicio Nacional de Menores (Sename), cuya crisis se hizo evidente durante la segunda parte del Gobierno de Michelle Bachelet donde se conoció de la muerte de más de 1300 niños mientras se encontraban bajo la custodia de la entidad de Gobierno en los últimos 11 años.

Dentro de los principales puntos manifestados por el mandatario, lo cual se venía discutiendo ya durante la anterior administración, es dividir el Sename claramente en dos nuevos servicios públicos con funciones claras y acotadas. En primer lugar el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, y, por otra parte el Servicio de Responsabilidad Adolescente. 

Complementario a esto, se pretende aumentar la subvención que reciben las instituciones colaboradoras “privilegiando el rol de la familias” a través del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y, poner suma urgencia al sistema de creación del nuevo de reinserción social juvenil. 

UNA CASO EMBLEMÁTICO.

La situación es crítica y las soluciones urgen en la entidad a nivel global. Pero en la Región de Coquimbo existe un caso emblemático, que precisamente se relaciona con la reinserción y con la Ley de Responsabilidad Adolescente, que ha generado más de algún dolor de cabeza para las autoridades salientes y, al parecer, se convertirá en una complicación y desafío para el nuevo Gobierno a nivel local, cuyos responsables de las secretarías ministeriales serán nombrados en los próximos días. 

Todo se remonta al denominado Caso Carabineros, ocurrido el pasado 16 de noviembre del 2016, cuando fallecieron dos funcionarios policiales luego de ser embestidos por un grupo de sujetos que venían en persecución policial desde la comuna de Ovalle.

Luego de dos juicios, finalmente los dos mayores de edad que iban a bordo del móvil fueron condenados a penas privativas de libertad y hace poco la Corte Suprema cerró la puerta a cualquier tipo de recurso que pudiese alivianar la condena.

Por otro lado, los demás involucrados en el ilícito, menores de edad, según dictaminó el Tribunal Oral de La Serena, no tuvieron ninguna responsabilidad en el fallecimiento de los carabineros, por lo que sus condenas pueden ser cumplidas en libertad bajo programas del Sename.

LA SITUACIÓN MÁS COMPLEJA.

Hasta ahora, según ha trascendido, tres de los individuos se han mantenido tranquilos, alejados de los problemas legales. Sin embargo, uno de ellos, el menor de todos quien tenía 14 años cuando sucedieron los fatales acontecimientos del 16 de noviembre del 2016 ha sido la triste excepción. 

En el lapso en el que ha estado libre, a la espera de las resoluciones judiciales, el adolescente ha reincidido dos veces en delitos violentos, siendo detenido por Carabineros.

Fue la madrugada del 25 de octubre cuando sucedió lo que todos temían. El menor, quien ya se encontraba operando en otra banda delictual, se vio involucrado en una balacera con los policías, teniendo que enfrentar una vez más a la justicia cuando todavía se estaba tramitando la nulidad del primer juicio que lo absolvió del homicidio en el caso Carabineros.

UN CÍRCULO DIFÍCIL DE SOSLAYAR

En su minuto, muchos señalaron que la reincidencia del joven “se veía venir” y que el menor representaba la expresión máxima del círculo de la delincuencia. Sobre todo porque luego de este hecho el adolescente quedó en libertad, una vez más.  

Y aquellas tesis parecieron ratificarse. El primer fin de semana de marzo otro hecho policial tuvo como protagonistas nuevamente al joven de ahora 15 años, quien ya había sido absuelto definitivamente por su responsabilidad en la muerte de los policías en el segundo juicio pero que mantenía una orden de aprehensión pendiente. Otra vez el menor se veía envuelto en un ilícito, esta vez en el asalto a un minimarket en el Bosque San Carlos.

Pero, ¿qué esconde la historia de este joven? Según la información recabada por El Día, su vida ha estado marcada por la delincuencia desde siempre. De hecho, pese a su corta edad, “su carrera delictual” habría comenzado hace bastante tiempo y su propia madre, en su minuto tuvo problemas con la justicia.

SENAME Y PLANES DE INTERVENCIÓN.

La actual directora del Sename, Verónica Zárate, tiene una visión clara al respecto. Asegura que para ella todos los adolescentes tienen la oportunidad de rehabilitarse y reincorporarse en la sociedad si se realiza una intervención adecuada, pero reconoce que hay casos que son mucho más complejos y el de este joven entra en esa categoría.

Asevera que el programa de libertad asistida especial que se le debía aplicar al menor, demoró en comenzar debido a que estaba el recurso en la Corte Suprema sobre el cual no se había resuelto, lo que generó que la causa no fuese ejecutoriada.

Pero ahora ya están dadas las condiciones y hay que poner en marcha el programa, para intentar reinsertar al joven. “Sabemos que todos los casos son diferentes y que muchas veces los programas podrían perfeccionarse, pero nosotros debemos poner el máximo de esfuerzo con lo que tenemos”, manifestó.

Apuesta por el cambio social y enfatiza en que la clave está en minimizar los factores de riesgo en los que se mueve el joven. “Claramente hay conductas delictivas que están más arraigadas, pero con tiempo, con un trabajo multidisciplinario constante inmerso en el entorno del menor, hay posibilidades de que las cosas funcionen. El que finalmente se tenga éxito o no, dependerá de la voluntad de cambio que podamos generar en el joven”, indicó.

Y agregó que una vez que el programa de reinserción comience para este joven, no será tan fácil el que pueda transgredirlo, ya que si bien no está condenado a permanecer en el encierro al menos por este delito, sí estará sujeto a un férreo control por parte de quienes forman parte del trabajo multidisciplinario que realiza el Sename y de no llegar a cumplir, podrían aplicársele sanciones mayores, las que podrían redundar en la pérdida de sus beneficios.

CAMBIOS DE FONDO 

Carolina Hudson, vocera del Observatorio Social Penitenciario de la Región de Coquimbo, que se ocupa de velar por los intereses de los internos que cumplen condena en recintos penales de la zona, ha seguido con atención lo que ocurre con  este menor de edad.

Es categórica y manifiesta que el joven no debiese cumplir una pena en libertad si continúa vinculado al mundo del delito, sin embargo, tampoco cree que los recintos del Sename cumplan con los estándares mínimos para que pueda reinsertarse. “Esto no sólo pasa en el Sename, pasa en la mayoría de los centros penitenciarios del país, de mujeres, menores y en general, que han demostrado que lamentablemente no sirven. Entonces acá es donde nos encontramos con la gran disyuntiva, de qué hacer con estos chicos”, sostiene.

Hudson también deslizó una crítica a lo que ha hecho el Estado en esta materia, hasta ahora, y enfatizó en que hoy la nueva administración tiene la oportunidad de reivindicarse. “Casos como el de este joven pueden ser una oportunidad”, insistió.

DESDE LA EXPERIENCIA: DESAFÍOS PARA EL GOBIERNO ENTRANTE. 

El abogado y saliente seremi de Justicia, Carlos Galleguillos, admite que el caso de este joven fue uno de los más complejos que le tocó analizar durante su periodo en términos de rehabilitación juvenil, por la connotación social que tuvo el caso y por la reacción que tuvo la comunidad en general que exigió mayores penas. 

Al igual que Hudson, habló de la necesidad de cambios, ya que admitió que hay casos en los que la legislación contempla sanciones que probablemente no les van a servir para rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. “Hay un trabajo que tenemos que hacer con los jóvenes infractores de ley. Creemos que íbamos bien encaminados y esperamos que las políticas de este gobierno vayan en el mismo sentido. Hasta ahora hemos visto que sí”, asegura.

Galleguillos precisa que el siguiente paso ahora es ir viendo caso por caso, y analizar cada una de las realidades de los adolescentes que han cometido acciones delictuales, pero el debate se debe ver a nivel parlamentario, ya que los cambios legales son urgentes. “Hay casos en los que los adolescentes tienen una historia familiar en donde el delito está normalizado, por eso debe ser tratado de una manera especial. Pero tampoco podemos responsabilizar a los magistrados, cuando ellos toman las decisiones porque ellos deben decidir dentro de lo que tenemos hoy en el marco legal. La solución está en ahondar más en el ámbito legislativo. En eso se tiene que avanzar”, aseveró la exautoridad.

LA INFLUENCIA DE LOS CONTEXTOS SOCIALES

La psicóloga de la Universidad Católica del norte, Marisol Urrutia, también cree que la rehabilitación es posible, incluso en casos tan complejos como el de este adolescente.

Sin embargo, manifiesta que los cambios en las políticas de reinserción son urgentes si se quieren tener resultados  positivos y, por supuesto, se debe legislar y hacer los cambios necesarios sobre cómo se están ejecutando los programas en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal.

“Hay contextos sociales, familiares que a veces imposibilitan que tú puedas cambiar tu forma de vida. Se puede lograr un cambio, pero sólo si se hace un trabajo profundo entre las instituciones responsables y la familia”.